La presidenta Claudia Sheinbaum admitió el 21 de octubre de 2026 que los 59 millones de litros de combustible asegurados el 17 de septiembre en la comunidad de La Fragua, en San José Iturbide, Guanajuato, no eran huachicol. La instalación, operada por Gas Natural del Noroeste, filial de Grupo Simsa, contaba con permisos, dijo la mandataria en su conferencia matutina, según El Universal.
El aseguramiento se presentó entonces como el mayor golpe al mercado ilícito de combustibles del sexenio: poco más de 59 millones de litros, diez tanques de almacenamiento y tres unidades de carga, de acuerdo con El Imparcial. En el operativo no hubo detenciones.
La investigación comenzó el 3 de julio, cuando las autoridades detectaron un autotanque con diésel cuyo origen no se pudo acreditar. Las diligencias se ejecutaron alrededor de dos semanas antes de que el caso se hiciera público, y el anuncio se hizo un día antes de que la presidenta visitara Guanajuato. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reconoció esa inconsistencia el 25 de septiembre: «Fue dos semanas antes y se informa dos semanas después sin haber verificado todo». Ese mismo día confirmó la separación del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, quien quedó bajo investigación por las anomalías del operativo, según Proceso.
Sheinbaum sostuvo que la irregularidad se limitó al transporte de hidrocarburos: «En realidad había algunos asuntos ilegales del transporte que estaba entrando al lugar y la empresa resolvió ese tema, pero en general toda la instalación era una instalación que tenía sus permisos», declaró, de acuerdo con la transcripción difundida por Noticias SLP. La empresa había rechazado desde el 19 de septiembre que el combustible fuera ilícito y afirmó que «la operación de la Terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable». La fiscalía no ha informado si el aseguramiento quedó sin efectos, y la mandataria delegó los detalles a la FGR.
El expediente sigue abierto en la unidad de delincuencia organizada de la FGR. Para los transportistas y las empresas que usan la terminal de San José Iturbide, la pregunta pendiente es cuándo se definirá la situación jurídica del combustible y quién responde por el mes en que la instalación operó bajo sospecha. El medio local Guanajuato Informa dio seguimiento a la corrección desde la conferencia del 21 de octubre.
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