El Ayuntamiento de Romita, Guanajuato, reconoció el 4 de noviembre de 2026 la responsabilidad institucional del municipio en la detención de tres jóvenes por policías locales en 2023, cuya desaparición forzada acreditó la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), y se comprometió a cumplir la reparación integral del daño, con ajustes presupuestales para las indemnizaciones, según Periódico Correo.
“El Municipio falló esa noche… traían el uniforme que representaba a una administración», declaró el alcalde Pedro Tanamachi Reyes en la información de ese medio. El edil sostuvo que los hechos ocurrieron durante la administración 2021-2024, que no encabezaba, y que el Ayuntamiento asume la continuidad institucional. No se revelaron los montos de las indemnizaciones ni se precisó si ya existe un acercamiento con las familias.”
La obligación viene de la recomendación que la Prodheg emitió en el expediente 0360/2023 con seis resolutivos: compensación económica, disculpa pública, investigación administrativa, atención psicosocial, notificación de la resolución a los responsables y capacitación a los servidores públicos señalados, de acuerdo con La Jornada y El Universal.
El 18 de agosto de 2025 Tanamachi ofreció la disculpa pública sin la presencia de las familias. Entonces afirmó: «Reafirmo que todas las recomendaciones que ha hecho la Procuraduría de los Derechos Humanos serán cumplidas», según La Jornada. La procuradora Karla Alcaraz Olvera dijo el 14 de agosto de 2025, cuando el municipio pidió una prórroga que venció el 22 de ese mes: «será la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas quien determine el monto».
En paralelo, el proceso penal no derivó en condenas. En junio de 2025 un Tribunal Unitario de Enjuiciamiento absolvió al entonces director de la policía municipal y a tres agentes, al considerar que la Fiscalía General del Estado no acreditó la entrega de los jóvenes a un grupo delictivo, según Periódico Correo. La Prodheg, en cambio, acreditó la desaparición forzada y que los oficiales entregaron a las tres personas a un grupo criminal, de acuerdo con El Universal.
El expediente 0360/2023 sigue abierto. La siguiente pieza pública es el monto que determine la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas y la fecha en que se entregue a las familias; el Ayuntamiento de Romita debe reflejar el gasto en su presupuesto y la Prodheg vigila el cumplimiento de los seis resolutivos.
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