El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el 5 de noviembre de 2026 que el juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara, de 49 años, fue detenido en Colombia y enfrenta nueve cargos por presuntamente aceptar 2 millones de dólares (mdd) a cambio de liberar a un narcotraficante canadiense.
De acuerdo con el comunicado 26-1323 de esa dependencia, cada uno de los nueve cargos de complicidad posterior al hecho delictivo prevé hasta 15 años de prisión. La acusación sostiene que el juez, adscrito al Reclusorio Sur de la Ciudad de México, cobró 2 mdd para conceder la libertad bajo fianza de Andrew Clark, de 36 años.
El documento detalla que Clark fue detenido en México en octubre de 2024 por cargos de narcotráfico, homicidio y tentativa de homicidio en territorio estadounidense. En noviembre de ese año Washington pidió formalmente su extradición y, entre ese mes y febrero de 2025, el acusado transfirió alrededor de 2.75 mdd mediante intermediarios. El 24 de febrero de 2025, el mismo día en que presuntamente recibió el pago completo, Benítez Alcántara concedió la fianza y ordenó su salida. Días después, Clark fue reaprehendido y entregado a Estados Unidos.
En México, el Tribunal de Disciplina Judicial, el órgano federal que vigila a los jueces del Poder Judicial de la Federación en todo el país, informó el 5 de noviembre que abrió una investigación de oficio y que ya tenía cuatro causas previas contra el juez. Sobre esas indagatorias, el tribunal precisó: «Estas cuatro investigaciones son independientes y de naturaleza distinta» a los hechos divulgados por la prensa. Añadió que, antes de la detención, «el Tribunal de Disciplina no tenía conocimiento» de las acusaciones estadounidenses.
Benítez Alcántara acumula más de dos décadas en el Poder Judicial de la Federación y despachaba en los juzgados del Reclusorio Sur, donde supervisaba procedimientos de extradición. La acusación sustitutiva se presentó el 4 de septiembre. Ryan Wedding, excampeón olímpico de snowboard señalado como líder de la red, fue detenido en México en enero de 2026 y sus juicios están programados para el 31 de marzo y el 26 de octubre de 2027.
Estados Unidos ya solicitó a Colombia la extradición del juez, un trámite que debe resolverse en tribunales colombianos antes de que enfrente los cargos en una corte federal. La acusación es una imputación: el juez se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario.
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